El Fondo Monetario Internacional propone que se cobre al menos un 15% de impuestos a las multinacionales
El último informe del Fondo Monetario Internacional argumenta de forma contundente que “las multinacionales tienen ahora muchas más posibilidades para generar beneficios sin tener presencia física alguna”, es decir, sin cotizar impuestos en los países donde efectivamente operan. La entidad ha estimado que las grandes corporaciones “lograron beneficios de un 9,2% del PIB mundial durante 2019, y de éste, un 60% son un exceso de ganancias”, que provienen de la evasión fiscal, los monopolios y los oligopolios.
A todo lo anterior “se le añade la distorsión de sistemas fiscales de países pequeños, donde sucede mayor evasión fiscal”, en comparación con las grandes economías. Otros países muy relevantes en la Economía mundial también han incorporado reglas fiscales que posibilitan la elusión fiscal y que “han atraído a grandes inversiones internacionales y de riqueza personal”, explica el informe del FMI.
Sin ir más lejos el diminuto estado norteamericano de Delaware funciona como un paraíso fiscal y en 2013 ya tenía censadas en su territorio más empresas (945.326) que habitantes (897.934). En un solo edificio, el 1209 de Orange Street (Wilmington) están domiciliadas más de 285.000, entre las que destacan Apple, Coca-Cola o JP Morgan entre otras.
En 2011, un informe realizado por el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa estimó que un 94% de las empresas que conformaban el Ibex 35 se benefician de las ventajas de estos territorios de baja tributación. “Los paraísos fiscales favoritos de las empresas del Ibex 35, son Delaware (115), Países Bajos (85) y Luxemburgo (30)”, explicaba Carlos Cordero, director del estudio.
Pese a los discursos políticos que se escuchan en campaña electoral sobre el excesivo pago de impuestos, la realidad es que la presión fiscal en España se encuentra unos cuatro puntos porcentuales por debajo de la media de la UE.
También es cierto que puede haber grandes diferencias entre los hogares y las empresas, y que la tributación depende muchas veces de la residencia declarada o de los entramados societarios que permiten eludir legalmente los beneficios hacia territorios de la Unión Europea con reducidos tipos impositivos, como ocurre con los archiconocidos “sandwich holandés” y “doble café irlandés”.
Los gobiernos tienen capacidad para proponer medidas fiscales redistributivas que traten de contener el creciente aumento de la desigualdad, pero no solo deben tener en cuenta la progresividad o regresividad de los impuestos, sino también de las subvenciones. Las ayudas a la población y a las empresas pueden tener un carácter regresivo si se dirigen a las clases más pudientes. Un claro ejemplo sería la subvención de 20 céntimos por litro de carburante, ya que no tiene en cuenta ni la riqueza de quien recibe esa ayuda, ni premia patrones de consumo que ayuden a la necesaria transición ecológica. Por ejemplo, en una capital como Zaragoza es fácil deducir que las personas con mayor renta tienen una mayor predisposición a desplazarse en automóvil propio que las clases más desfavorecidas, que tendrán un uso más intensivo del transporte colectivo. Por tanto, al subvencionar el empleo de energía fósil se está penalizando el uso de medios de transporte limpios y, consecuentemente, se está promoviendo que se extraigan nuevas reservas fósiles cuyo coste estaba siendo cada vez menos rentable.
El debate electoral se centra muchas veces en la disminución de impuestos argumentado mediante la Curva de Laffer, pero pocas veces las propuestas programáticas explican qué partidas de gasto público tendrán ese carácter progresivo (quizás porque los partidos son conscientes de que perderían votos).